LA CULTURA CHILENA NECESITA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

 

Somos millones de chilenos(as) los(as) que creemos que es indispensable desplegar esfuerzos serios para que, con el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, pensemos, conversemos y definamos democráticamente una nueva carta constitucional. Una Constitución generada y aprobada por una asamblea constituyente, con integrantes elegidos democráticamente, que efectivamente sea expresión y viabilice el urgente y éticamente impostergable proyecto histórico de  democratización y de construcción de bases institucionales, económicas, sociales, educativas y culturales para lograr un desarrollo integral de nuestro país,  en armonía y respeto con la naturaleza, y teniendo como finalidad el respeto a la dignidad  y derechos humanos, los derechos civiles, sociales y políticos de cada uno y de todos los habitantes, de nuestras comunidades y pueblos de este territorio al sur del mundo

Una nueva constitución política que de verdad fundamente, posibilite y promueva políticas culturales que sean expresión de una comprensión amplia, compleja y de a de veras de la cultura.

 

Una constitución que entienda a  la cultura como la forma de vivir, ser y estar de los seres humanos y las  comunidades – en un tiempo histórico-  en un territorio geográfico y simbólico; que es testimonio material e inmaterial de su capacidad creadora y transformadora y, al mismo tiempo, de una forma de construir y hacer humanidad en relación con la naturaleza;  que es heredera de las huellas y memoria luminosa y dolorosa de otras personas y comunidades que le han antecedido,  que refleja y fundamenta la visión de mundo, la conciencia de sí y del universo, sus creencias, sus valores y la capacidad de producción simbólica.

 

Una constitución, por ende,  que reconozca y releve el derecho a la cultura de las personas y las comunidades, como asimismo su calidad de sujetos culturales,  creadoras de saberes, conocimientos, de bienes, obras y contenidos de representación simbólica, generadoras de prácticas culturales, de valores y formas de ser, estar y vivir en un territorio físico y simbólico;  que reconozca y proteja la libertad de creación y expresión de cada uno(a), a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría; que reconozca y valore el derecho y deber de memoria colectiva de las personas y comunidades y, por tanto, garantice instancias y mecanismo para los ejercicios de memoria para reescribir los relatos y memorias oficiales, para reconstruir identidades, y para identificar, poner en valor, acrecentar y apropiarse del patrimonio cultural en toda su diversidad, pluralidad y riqueza. Una carta fundamental que declare la naturaleza multicultural y multiétnica de Chile, y como una de sus consecuencias respete el derecho a la propia lengua y declare que son lenguas oficiales el castellano, el mapudungun, aymara, rapa nui y dé el tratamiento de lenguas reconocidas por el Estado para la relación intercultural a otras lenguas vivas de nuestros pueblos originarios, junto con proteger y promover el conocimiento y valoración de sus culturas. Una constitución que valore las manifestaciones populares de las culturas y promueva diálogos interculturales respetuosos.  Una carta fundamental que reconozca y asuma las dimensiones culturales de las políticas educacionales, comunicacionales, habitacionales, urbanísticas, productivas, de salud, medioambientales, migratorias, etc. Y en virtud de todo lo anterior,  establezca las responsabilidades,  el rol y deberes del Estado y detalle las bases para un una institucionalidad pública cultural comprensiva de esta visión y definición de lo cultural; y que  ubique  a la cultura como fundamento general y esencial de toda la institucionalidad chilena, estableciendo mecanismos efectivos para  acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.

 

En la Constitución Política del Dictador, aún vigente después de 23 años de recuperada la democracia,  se dedica una oración de tres líneas a cultura, en el numeral 25 del artículo 19°, y limitado al derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, esto es, la propiedad intelectual; y más adelante, cuando menciona la palabra cultura para incluirla como ámbito de preocupación de Gobiernos Regionales y Municipalidades, no les obliga a asumir responsabilidades en el desarrollo cultural y mucho menos les obliga a destinar algo de sus recursos a ello.  

Nada dice sobre cultura el dictador constituyente cuando garantiza el derecho a la educación; por una parte, como sabemos no garantiza este derecho sino más bien el derecho a elegir el sistema educacional  y por la otra, no reconoce la profunda vinculación entre cultura y educación.

Es una constitución que niega nuestra diversidad y pluralidad cultural, y por el contrario afirma y sanciona el discurso excluyente de la Derecha, cual es la supuesta homogeneidad étnica, cultural, religiosa y territorial de Chile. La Constitución del Dictador fundamenta y pretende consolidar el discurso de una identidad chilena única, creada y constituida de una vez y para siempre; un discurso que nace desde la identificación del ser chileno con lo agrario de la zona central – definido desde un falso mundo rural pues es la invención que hace el dueño de fundo de lo campesino- , de una identificación del ser chileno con la historia glorioso de lo militar y por tanto la asimilación de lo chileno a sus fuerzas armadas, una identificación del ser chileno con el catolicismo tradicional del siglo XIX y principios del siglo XX.

Simultáneamente, es una constitución que deja entregado al mercado el destino de creadores y cultores, de las obras y la producción artística, de su difusión y circulación, y por cierto deja también entregado al mercado el acceso de las personas y comunidades a ello. Es una carta fundamental que nunca habla del derecho cultural de los habitantes, jamás usa el vocablo “comunidad”, nunca usa la palabra “memoria” y por cierto no dice una palabra sobre el derecho y deber de memoria de las personas y comunidades; y esto es obviamente porque su definición esencia es de MEMORIA OFICIAL CONSTRUIDA, como recién lo reitera el Proyecto de Ley anunciado por el Gobierno y que crea el Ministerio de Cultura. Es una constitución que se funda en un concepto de patrimonio cultural restrictivo, elitista, ilustrado, militar y católico; es una noción que se funda en la valoración del pasado “vivido” por una pequeña parte del país, que silencia la historia y vida del pueblo,  y que omite y “ningunea” las manifestaciones populares de nuestra cultura.

Y es por ello que, - más allá del valioso aporte de cientos de profesionales y trabajadores de la cultura en todas las regiones, y de la honestidad y compromiso de creadores e intelectuales que han cumplido en años pasados cargos gubernamentales-, finalmente las políticas públicas culturales han sido y son coherentes, o están restringidas, por la Constitución de la Dictadura, aquella que consagra y da viabilidad histórica al modelo neoliberal de Pinochet y la Derecha. Son políticas subsidiarias y que, en definitiva, instan la inserción de los creadores y cultores en el “mercado” y la validación de las obras, saberes y producciones culturales en ese mercado, con sus códigos. Son políticas que, inevitablemente, hablan y se ocupan de la “gestión eficiente” de ciertos espacios y de la “circulación” de ciertos bienes culturales. Son políticas que miran a las personas y a la sociedad – no habla mucho de comunidades- como sujetos de derecho de “acceso al consumo” de bienes culturales,  y definen que la creación de los contenidos culturales es una función exclusiva y excluyente de los artistas. Y lo hace con gran ingenuidad. Ya quisieran los creadores tener las posibilidades reales de generar los contenidos simbólicos que impactan y van conformando el imaginario de la sociedad chilena. Eso en Chile lo hace la televisión.

Por el contrario, abordar los grandes y complejos desafíos del Chile de hoy, con voluntad de ser una sociedad verdaderamente democrática, multicultural y multiétnica, implica pensar una política cultural que se define desde una comprensión antropológica de la cultura, del cómo una comunidad habita un territorio geográfico y simbólico en un tiempo determinado, de una cultura que habla de una cosmovisión, de una cultura que tiene un pasado que no ha pasado como decía Octavio Paz. Una política que reconoce que cada persona y cada comunidad son sujetos culturales y por ende tiene derechos culturales. Una política que define como esencial la naturaleza y la relación humana con ella, una relación de respeto, uso y no abuso de aquella. Una política cultural que reconoce y, por fin asume – lo que aún no ha hecho Chile-, que su historia de los siglos XIX y XX es de negación de sus orígenes étnicos, de negación de su larga historia- historia que se no inicia con la llegada del conquistador español -, de silenciamiento de las culturas populares, y de instalación absoluta de la comprensión de lo cultural desde las lógicas de la Ilustración  y de concepciones colonialistas, ajenas,  europeizantes, del conocimiento y la cultura en general.

Necesitamos pensar políticas públicas que contribuyan en el esfuerzo país de remirarse, construir y reconstruir su relato histórico, de reconocerse y valorarse en todas sus culturas, pueblos, etnias y comunidades. Esto implica darle valor a contenidos y formas ancestrales de conocimiento, implica poner en tensión crítica los conocimientos, prácticas y lenguajes legados por la Colonia y los imperialismos del siglo XX y del neoliberalismo. Y por cierto implica, insoslayablemente, pensar y crear un nuevo ordenamiento para los medios de comunicación masivos, sobre todo de la televisión chilena y de los medios radiales.

Si. Para nuevas políticas culturales, también es fundamental superar la constitución del Dictador, y generar democráticamente una nueva Carta Fundamental para Chile.

FIN DE REVISTA PATRIMONIO CULTURAL, un intento de matar el debate cultural

El 3 de Enero de este año, Magdalena Krebs, Directora de la DIBAM, informó a través de El Mercurio, que  puso fin a la publicación de la Revista Patrimonio Cultural. Junto con anunciarnos la muerte de esta prestigiosa Revista, la autoridad presentó una nueva publicación denominada PAT y explicó que las razones centrales de este cambio son  incluir el patrimonio natural y ampliar los ámbitos patrimoniales hasta entonces considerados por la Revista Patrimonio Cultural.

 

Y estoy sorprendida. Lo estoy pues, al contrario de lo informado por la Sra. Krebs, la Revista Patrimonio Cultural , creada el año 1995 por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos - DIBAM- por decisión de su entonces directora Marta Cruz-Coke y con la activa participación de la escritora, académica y Premio Nacional de Periodismo Faride Zerán y luego del periodista y escritor Eugenio Llona, dedicó no sólo significativas páginas a  la reflexión, conocimiento y valoración del patrimonio natural sino que dedicó íntegramente algunas ediciones  de la Revista a ello.

 

Asimismo, a lo largo de sus  15 años de existencia, esta publicación abordó muy amplios y diversos temas y problemáticas del patrimonio  cultural material e inmaterial; entre otros relevantes temas el lenguaje, pueblos originarios y patrimonio, el patrimonio fotográfico, industrial, artístico, literario, gastronómico, arquitectónico, gráfico,  etc.  Intencionadamente invitó a reflexionar sobre ciudadanía, memoria y patrimonio; ciudad y patrimonio;  identidad, territorio y patrimonio; religiosidad y patrimonio; cultura popular y cultura tradicional, saberes, oficios, ritos y prácticas culturales;  museos como espacios y testimonios de ejercicios de memoria; arte y  patrimonio; el poder y la  definición de lo patrimonial como asimismo el patrimonio histórico como manifestación del ejercicio del poder hegemónico en un país, en particular en Chile.  

 

Con cinco mil ejemplares en cada edición, su distribución en bibliotecas públicas y escolares, publicación virtual en web de la DIBAM y comercialización en kioscos, la Revista Patrimonio Cultural invitó a debatir  en definitiva sobre el concepto tradicional de patrimonio  cultural, contribuyendo a complejizar, ampliar y democratizar su definición,  promoviendo el respeto y valoración de manifestaciones de la cultura popular y tradicional de nuestro país, reconociendo y estimulando la participación ciudadana en la definición y puesta en valor de lo patrimonial, y reinstalando el patrimonio como espacio e instrumento de  (re)construcción de  una comunidad  imaginada de país. Esta publicación, sin duda, contribuyó a visibilizar la compleja relación entre los discursos de identidad y “chilenidad”  y el concepto del patrimonio cultural hegemónico en la sociedad y el Estado de Chile en los siglos XIX y XX.

 

La publicación cultural que ha sepultado la Sra. Krebs,  abrió y se constituyó en un espacio libertario, plural, democrático, crítico y respetuoso de debate y reflexión cultural. Y lo hizo constituyéndose en si misma en un objeto cultural;  con una estética muy singular, gran formato,  bellas imágenes, uso del blanco y negro, los espacios vacíos y el diseño de textos que comunicaban libertad, y sus provocadoras y atractivas portadas, que de inmediato abrían preguntas, debates y conversaciones. Era una revista creada por una institución del Estado pero no era una revista institucional. Era una revista financiada por el Estado pero invitaba con absoluta libertad a pensar, dialogar y criticar el propio accionar del Estado.

 

Este gran esfuerzo de apertura conceptual de lo patrimonial desplegado por la Revista  Patrimonio Cultural ,sin duda,  fue posible por el creativo y eficiente aporte de sus editores generales,  entre ellos, con una destacada participación de Eugenio Llona quien impulsó su gran formato y su nueva estética, María Eugenia Meza, Gloria Elgueta y Grace Dunlop. Ello también fue posible por  la activa participación en su Comité Editorial de destacados profesionales, académicos e  investigadores, y del compromiso de quienes nos correspondió a lo largo de esos 15 años cumplir las funciones de directora de la DIBAM. En mi caso, agradezco públicamente a quienes cumplieron esta noble tarea, de manera absolutamente gratuita, en el período que fui Directora; me refiero a Ricardo Abuauad, José Bengoa, Marta Cruz Coke, Diamela Eltit, Humberto Giannini, Ramón Griffero, Pedro Güell, Marta Lagos, Pedro Milos, Jorge Montealegre, Micaela Navarrete y Pedro Pablo Zegers.

Al terminar con la Revista Patrimonio Cultural y crear una nueva revista, de tamaño carpeta de oficina, con un comité editorial absolutamente institucional pues todos sus integrantes son funcionarios de confianza de la  actual Directora, el  gobierno  de Derecha intenta, pienso, aplastar un debate cultural y político impostergable en torno a lo patrimonial. Intenta terminar con un espacio libertario de reflexión  fundamental para una cultura democrática, plural, multicultural y multiétnica.

Por la relevancia de este gesto cultural de la Sra. Krebs imagino que quien tenga el honor de dirigir la DIBAM en un próximo gobierno, deberá realizar el gesto cultural de rescatar y  reponer la Revista Patrimonio Cultural, y  contribuir a que tenga aun mayor impacto social y cultural.

 

Museos: un espacio de memoria, ciudadanía, reconocimiento, y construcción del proyecto de un “nosotros”.

Las recientes declaraciones de la directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), referidas al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, inevitablemente abren una  conversación de la sociedad chilena sobre  los museos como instituciones culturales, su sentido,  rol e  importancia.

Las palabras críticas de Magdalena Krebs al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, a mi juicio,   develan una discrepancia muy profunda que aún existe en la sociedad chilena y en las autoridades que laboran en el campo cultural, respecto de  la naturaleza y misión de los museos. 

Los dichos de la Sra. Krebs en definitiva expresan la reivindicación actual  de una parte de la sociedad chilena que históricamente ha tenido la hegemonía del discurso patrimonial y del espacio museístico chileno; un discurso conservador y excluyente. Es una reivindicación tardía; aparece en el siglo XXI, en un período histórico de grandes tensiones, cuestionamientos y reconceptualizaciones del museo como  institución cultural y de lo que debe entenderse por patrimonio cultural. Es una reivindicación tardía, además, porque surge en un contexto de significativas manifestaciones de reclamo social por una mayor participación ciudadana y democratización  de las instituciones para la instalación y desarrollo de un proyecto de país más equitativo, inclusivo, y respetuoso de la diversidad y pluralidad  cultural.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM)  releva y destaca la misión social del  museo al declarar que  “… es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente”. (Art. 2, Declaración ICOM).  

Por su parte, la Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de los países de Iberoamérica realizada en Chile el año 2007, ratifica la Declaración de Ibermuseos de Salvador de Bahía,  relevando “ el importante papel de los museos en la salvaguarda del derecho a la apropiación creativa de la memoria y del patrimonio como parte de los derechos socioculturales de todos los ciudadanos Iberoamericanos”, y agrega que comprende “ los museos como prácticas sociales relevantes para el desarrollo compartido, como lugares de representación de la diversidad cultural de los pueblos Iberoamericanos, que comparten en el presente memorias del pasado y que quieren construir juntos otra vía de acceso al futuro, con más justicia, armonía, solidaridad, libertad, paz, dignidad y derechos humanos”.

La Declaración de Salvador de Bahía, suscrita por nuestro país, insta a los estados a adoptar políticas públicas que permitan : a)” Asegurar que los museos sean territorios de salvaguarda y difusión de valores democráticos y de ciudadanía, colocados a servicio de la sociedad, con el objetivo de      propiciar el fortalecimiento y la manifestación de las identidades, la percepción crítica y reflexiva de la realidad, la producción de conocimientos, la promoción de la dignidad humana y oportunidades de esparcimiento”; b) “Comprender el proceso museológico como ejercicio de lectura del mundo que posibilita a los sujetos sociales la capacidad de interpretar y transformar la realidad para la construcción de una ciudadanía democrática y cultural, propiciando la participación activa da la comunidad en el diseño de políticas museísticas” y c)  Garantizar el derecho a la memoria de grupos y movimientos sociales y apoyar acciones de apropiación social del patrimonio y de valorización de los distintos tipos de museos, como museos comunitarios, ecomuseos, museos de territorio, museos locales, museos memoriales (resistencia y derechos humanos) y otros.”

En nuestro país existen alrededor de 250 museos, algunos de ellos pertenecen a entidades universitarias como es el caso del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), vinculado a la Universidad de Chile, otros a instituciones privadas como es el caso del Museo de Arte Precolombino, y la mayoría a municipios.

Los tres principales museos  de Chile son públicos y están administrados por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a los cuales se suman 19 museos regionales y 4 museos especializados. 

Los museos nacionales surgen y se consolidan en el siglo 19 y comienzos del siglo 20, respondiendo a la profunda vocación de la elite política, económica, cultural y militar gobernante, acerca de la necesidad de fortalecer el sentido de unidad y pertenencia nacional, y avanzar en el proceso de formación de nuevas generaciones dirigentes. Este esfuerzo se inscribe en un proyecto más global de construcción de un país unitario, culturalmente homogéneo y socialmente controlado. Desde el discurso público se construye una sola memoria, se relevan ciertos actores sociales y determinadas prácticas sociales, y se priorizan determinados ámbitos y materias desde el punto de vista de la investigación científica y social. Lo anterior explica la naturaleza marcadamente “institucional” de colecciones y museografías,  la uniformidad estética de los museos de arte y su escaso diálogo con nuevas tendencias en el campo de las artes visuales, y el sello coleccionista de museos de historia natural.

Mayoritariamente en nuestros museos, el pueblo y lo popular quedó fuera de su consideración, la multiculturalidad fue omitida, y el discurso de la biodiversidad y ecología para un desarrollo sustentable no existían.

En la década de los 60 en adelante, algunos museos como el de Bellas Artes, enfrentan el desafío de la comunidad académica y artística para ampliar sus horizontes y en ese contexto se verifican acciones de arte muy significativas. Asimismo, en el Museo Nacional de Historia Natural se impulsan procesos muy relevantes de reconceptualización museológica, en donde la investigación y la relación con la comunidad, en especial los jóvenes, otorgan sentido a la valiosa colección que el Museo preserva. Es justamente la Directora del MNHN, junto a otros profesionales, los que despliegan un esfuerzo con efectos hasta hoy en el campo de los museos; me refiero al encuentro y declaración de  la Mesa de Santiago. Ya en 1965 se había conformado el ICOM Chile lo cual por cierto tiene grandes implicancias en este proceso de renovación teórica y de las prácticas museísticas.

Solo a fines de los ’90 e inicios del 2000,  en nuestro país  los museos adquieren una  mayor presencia  en el imaginario colectivo y en el discurso público como un espacio cultural relevante, y justamente la DIBAM – en especial la Subdirección de Museos- han tenido un rol  decisivo en este proceso. Museos comprendidos, por cierto, como instituciones que: a) recogen, valoran y difunden la memoria plural y diversa de nuestro país; b) investigan, conservan y difunden parte significativa de nuestro patrimonio natural y cultural, el cual es diverso y plural; c)  hablan desde la afirmación de nuestros orígenes precolombinos, que no silencian la complejidad, violencia y discriminaciones que hemos vivido en nuestra corta o larga historia; d) tienen como centro establecer la dinámica de comunicación que permita un encuentro íntegro de cada persona con los objetos contextualizados, y no el culto a los objetos de la colección; e) museos de arte que, junto con conservar y difundir colecciones, son un actor fundamental en el necesario proceso de reflexión artística y de divulgación de  propuestas actuales.

El que exista un Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos  en Chile hoy es expresión de esta nueva e indispensable comprensión de la misión y naturaleza del museo como espacio de visibilización de la memoria luminosa y dolorosa de la sociedad chilena, como espacio de ejercicio del derecho y deber de memoria que tiene cada ser humano y cada comunidad, como espacio cultural que contribuye a conocer y reconocerse en un relato histórico más complejo y plural del país, como una instancia de educación para el respeto a la vida, integridad  y dignidad de las personas,  y aprendizaje para un compromiso profundo de todas y cada una de las personas con los derechos humanos, como institución que contribuye al proyecto democrático de convivencia.

Eso es un museo. Un espacio de Memoria. Allí está parte del testimonio de los ejercicios de memoria del pueblo chileno. Allí está parte, entonces, del patrimonio de Chile.

La directora de la Dibam y Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales no puede obviar que  es un imperativo intelectual, ético y social comprender y trabajar con un concepto profundo, integral , complejo e inclusivo de patrimonio cultural; esto es,  asumir en toda su envergadura que constituyen patrimonio cultural una diversidad de bienes, oficios, prácticas y representaciones simbólicas.

Cuando hablamos de patrimonio cultural no estamos haciendo referencia sólo a edificios, lugares con valor histórico, arquitectónico o arqueológico, como tampoco sólo hacemos referencia a objetos  con valor histórico, artístico o antropológico.  También estamos hablando de patrimonio inmaterial o intangible.

El patrimonio es una herencia, diversa, plural y hasta contradictoria, y en su identificación y preservación las diversas comunidades y personas tienen derechos y deberes fundamentales.

Después de 17 años de dictadura militar, y a dos décadas de recuperación de la democracia, el miedo a recordar como posibilidad de fragmentación se ha disipado, y ha surgido la necesidad de reconstruir la historia luminosa y también dolorosa del país. En los últimos 15 años se ha instalado con fuerza en la sociedad chilena el derecho y el deber de construir el relato histórico, y de construirlo con múltiples voces. Y memoria y patrimonio son conceptos profundamente vinculados.

Redescubrir en nuestra historia y en nuestro presente aquellos bienes, prácticas y expresiones simbólicas que conforman nuestro rico y plural mundo cultural como chilenos(as), es una tarea necesaria para vivir el presente con tranquilidad, con capacidad creadora y sin miedo a dialogar con otras comunidades y otras culturas.

Forman parte del patrimonio aquellos bienes materiales e inmateriales dignos de recordar, dignos de permanecer, que nos hablan profundamente de la vida y de su sentido, que en si mismo dan trascendencia al ser humano, más allá del espacio y tiempo, que nos hablan de lo que hemos sido y  de lo que hemos vivido.  De un pasado que no ha pasado, por ser tan relevante en nuestra vida como comunidad.  Pero, también, son contenidos y prácticas simbólicas que nos desafían y tensionan para crear nuevos contenidos y representaciones simbólicas, y para construir nuevas formas de convivencia  y de “comunidad imaginada”.

Como muchos(as) han dicho, habríamos deseado que nunca en Chile el Estado violara los derechos humanos de tantos cientos de miles de personas, y que este Museo no hubiera sido necesario,  e incluso hubiera sido imposible de crear porque los hechos y sus testimonios materiales no habrían existido. Pero las violaciones a los derechos humanos existieron, no como excesos, si no como una política sistemática de la dictadura militar. Y por ello existe el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, iniciativa en la que la Dibam aportó con su valiosa experiencia y calificación profesional.

Este Museo existe como espacio de ejercicio del derecho y deber de memoria, para educar en el respeto a la vida y dignidad de cada ser humano, como reconocimiento y reparación de parte del daño a las víctimas y sus familias.

Sinceramente invito a Magdalena a intentar con humildad a comprender esta cuestión esencial.

Nivia Palma

 

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Políticas Culturales y Cuenta Presidencial

Asombro; esa es la palabra para describir la sensación ante los añejos y ajenos anuncios presidenciales en el ámbito cultural.

En su Cuenta Pública del 21 de Mayo, el Presidente Sebastián Piñera informó como iniciativas, programas y acciones de su gobierno proyectos y programas diseñados, formulados y ejecutados – en la mayoría de los casos, en su totalidad- en los gobiernos que le precedieron.

En efecto, el Programa de Creación de Centros Culturales – que ha contemplado la construcción y habilitación de 50 centros en comunas con más de 50 mil habitantes-  fue formulado, financiado y muy ampliamente ejecutado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, período en que la destacada actriz Paulina Urrutia cumplió las funciones de Ministra de Cultura. Por cierto, este programa tiene sus antecedentes en el de Infraestructura Cultural implementado por el Presidente Ricardo Lagos y que tuvo resultados tan relevantes como la construcción y habilitación definitiva del Teatro Regional del Maule. Asimismo, el programa de construcción de teatros regionales que anuncia el Presidente Piñera tiene un extenso camino previo, los Teatros de Valdivia y Temuco – al igual que el de la Región del Maule- , son  testimonio de ello. Estos teatros, junto a otros similares, son parte de una Red de Teatros Regionales, red creada en el Gobierno anterior – sobre la base de los diagnósticos y propuestas realizadas por la Comisión Presidencial de Infraestructura del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y  que dirigió Arturo Navarro-  para contribuir a fortalecer su gestión y contribuir a una programación más diversa.

Por otra parte, el Presidente Piñera habla de programas de recuperación de lenguas de pueblos originarias y de programas educacionales interbilingües. Perdón, esto se inició hace ya por lo menos 12 años como programas del Ministerio de Educación; existen escuelas interbilingües en regiones como La Araucanía y, por cierto, hace rato se llevan adelante iniciativas de investigación, recuperación, escrituración y enseñanza de lenguas originarias. ¿Qué es indispensable hacer más? Por cierto, y lo más probable es que se deba revisar sus enfoques, pero otra cosa es decir que esto es nuevo, que no se ha hecho.

Se dice que se debe considerar a las comunidades, a los creadores, cultores y organizaciones culturales en la definición de políticas públicas y accionar del Estado. Obviamente, así se ha hecho por muchos años. La pregunta es si lo ha hecho este gobierno y este Ministro de Cultura. ¿Consultó el Ministro Cruz Coke la opinión del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes sobre la propuesta gubernamental de crear un Ministerio de la Cultura y del Patrimonio?, ¿consultó el Ministro Cruz Coke sobre esta materia a los creadores organizados en las distintas entidades gremiales?, ¿consultó a los integrantes del Consejo Consultivo Nacional y a los integrantes de los consejos consultivos regionales?. Hasta donde sabemos nada de esto fue consultado con los creadores, cultores, organizaciones culturales y tampoco al Directorio y a los propios consejos consultivos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Habrán participado los profesionales, especialistas y directivos de la DIBAM en la formulación de este proyecto de Ministerio?; ¿habrán sido consultados los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales como también sus profesionales?. No lo sé con certeza, pero lo más probable es que no conocen el texto de dicho proyecto de ley y no han podido leer la “letra chica”.

Es cierto que algunos de nosotros hemos manifestado en años pasados una favorable disposición a la existencia de un ministerio de las culturas para nuestro país; sin embargo, resulta muy poco creíble una propuesta de creación de un Ministerio por parte de los mismos sectores políticos que en el debate de fines de los años ’90 y comienzos de la década del 2000 rechazaron cualquier posibilidad de este tipo de institucionalidad pública cultural por estimar que el Estado no debía ocuparse y preocuparse del desarrollo cultural del país y que un ministerio significaría un “intervencionismo y dirigismo cultural”. Asimismo, resulta inaceptable que una propuesta de creación de nuevos y mayores órganos públicos en este campo sea definido a puertas cerradas, sin dialogar y escuchar a las comunidades artísticas y culturales. Más aún cuando todos sabemos que los procesos son relevantes para la definición de instrumentos, órganos y políticas públicas.

Por otra parte, la Cuenta Presidencial destaca los recursos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y en especial de los fondos culturales. Nada dice sobre la pésima gestión de los concursos durante los años pasados, los cuales estuvieron en pública crisis en cuanto al ineficiente funcionamiento de su plataforma tecnológica. Nada dice la Cuenta Presidencial sobre el descontento de miles de creadores y cultores por tanta burocracia y exclusión en las postulaciones de esos fondos. Nada dice sobre los nuevos énfasis de los fondos, donde la palabra emprendimiento cultural – relevando la capacidad empresarial en cultura- se ha tomado la agenda.

Finalmente, nada dice el Presidente sobre el giro de las políticas públicas del Consejo que preside el Ministro Cruz Coke: del Derecho de Acceso a la Cultura en toda su diversidad y pluralidad  se pasa a Igualdad de Oportunidades de  Acceso a la Cultura. Este no es un pequeño cambio, es un gran cambio, señor Presidente.

Entonces, pienso que no es posible estar disponibles para debatir y aprobar en el Parlamento la creación de un Ministerio de la Cultura y del Patrimonio. Difícil para el Parlamento debatir y aprobar una iniciativa de esta envergadura, que se ha definido sin participación ciudadana, a puertas cerradas, por un gobierno de Derecha que cuando fue Oposición se negó sistemáticamente a ello, y que hoy como gobierno está lejos de comprender la relevancia de la cultura más allá de los negocios.

Fondos Culturales: un Ministro incompetente.

Son muchos los creadores y gestores culturales que han intentado inútilmente postular proyectos a los Fondos Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tras reiterados intentos para llenar formularios electrónicos y presionar “Enviar”, han constatado que ello no es posible y que deben volver a fojas cero.  “El sistema colapsó” dicen las autoridades gubernamentales del Consejo; por favor “inténtelo de nuevo”.

Y como los plazos de término de postulación fijados en principio  para Septiembre de este año concluían y demasiados creadores y gestores no habían podido postular, el Ministro Cruz Coke – inventando que hay muchos interesados- ha prorrogado en reiteradas oportunidades el plazo de cierre de las postulaciones a Octubre, luego a Noviembre y ahora al 02 de Diciembre.

Lo que el Ministro ha ocultado es que es un ineficiente. Sí, él y su equipo político. Llegó, al igual que su Presidente Piñera, diciendo que ellos eran eficientes y nos enseñarían cómo debía gobernarse. Pero ahora sabemos que los “eficientes” son ineptos. Ni siquiera se la han podido con concursos de fondos públicos, con larga experiencia de gestión pública. Hasta un programa computacional les ha quedado grande.

Y peor aún. El Ministro Cruz Coke resolvió que sólo los que supieran usar computadores e Internet podrían postular a los Fondos de Financiamiento Cultural creados con recursos de todos los chilenos y pensados para el desarrollo cultural del conjunto de nuestro país. En efecto, este Ministro de derecha resolvió – pasando por sobre la Constitución Política que garantiza igualdad ante la Ley y sanciona los actos administrativos contrarios a ello- que serían excluidos de los  concursos públicos todos los creadores, cultores y organizaciones culturales  que a lo largo y ancho de Chile trabajan por la cultura, pero que no tienen acceso a Internet o bien no saben usar procedimientos on line de postulaciones. Por esta decisión arbitraria del Ministro Cruz Coke serán miles de valiosos artistas y organizaciones  los que perderán la posibilidad de recibir aportes del Estado; y será Chile entero el que perderá sus aportes.

¿Hasta cuándo será necesario que el Ministro destruya lo creado con tanto esfuerzo y por tantos creadores y cultores, para que diga algo y tome medidas el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y Artes?  Es legítimo pensar que si este Directorio no ha dicho nada es porque comparte las decisiones ministeriales. Si no es así, señores y señoras directores: les escuchamos.   

Un pueblo por siglos discriminado…¿ hoy levanta las banderas de la discriminación?

En días recientes, alrededor de 200 Pastores y Hermanos(as) de Iglesias Evangélicas de diversas regiones de Chile se hicieron presentes en la Sesión del Senado que votaría el Mensaje Presidencial para establecer por Ley la prohibición de actos u omisiones arbitrariamente discriminatorias por parte de órganos y autoridades del Estado y del Sector Privado. Los Pastores y Hermanos se hicieron presentes allí para manifestar públicamente su rechazo a una disposición de esta ley que sanciona la discriminación por razones de condición u orientación sexual, y exigir de los Senadores una votación en este sentido.

Y créanme, no puedo entender. Pide la discriminación justamente un pueblo protestante, una comunidad evangélica, perseguida y castigada desde los inicios de la Reforma Protestante con Lutero y Calvino. Una comunidad cristiana que, con Lutero, se sublevó en contra de un Poder Absoluto de la Iglesia Católica con Emperadores y Reyes, un poder que impedía el ejercicio del derecho de cada ser humano a conocer las escrituras y practicar su fe con autenticidad, un poder que excluía al pueblo de todo conocimiento y participación ciudadana, un poder que se había apartado del mensaje bíblico por su crueldad, injusticia, inequidad, exclusión y utilización del temor a Dios para obtener ganancias materiales. Y por eso la iglesia protestante fue duramente perseguida y castigada por la Inquisición y el poder político. Es una iglesia y una comunidad que surge, vive, sufre y se fortalece en la discriminación y exclusión política, social y cultural durante siglos.

Y en nuestro país no ha sido distinto. No ha sido fácil ser evangélico, ser protestante. Y lo sé porque lo he vivido. Nací y crecí en un hogar evangélico. Mi padre, Arturo Palma Cher, fue Pastor de la Iglesia de Los Ángeles y Presidente por muchos años de la Misión Iglesia Pentecostal; es esta Iglesia, mi padre junto a los Pastores Narciso Sepúlveda y Erasmo Farfán, la que creó el Servicio para el Desarrollo –SEPADE-, institución que cumplió un rol destacado en la defensa de la vida y dignidad de las personas durante la Dictadura y que hoy sigue colaborando con el desarrollo de las comunidades más vulnerables. Mi abuelo Feliciano Palma también fue Pastor en la Iglesia Evangélica Pentecostal de Curacautín, y mi hermana Marta Palma trabajó por más de 25 años en el Consejo Mundial de Iglesias y actualmente preside la Comisión Ecuménica Europea para la Infancia.

En fin, sería largo enumerar a toda nuestra familia vinculada activamente con la Fe Cristiana y la pertenencia a Iglesias Evangélicas, pero me parece importante explicitar esta realidad familiar pues ella da cuenta de mi profunda y original vinculación a la fe y prácticas religiosas del mundo evangélico, vinculación que ha instalado profundas y valiosas huellas en mi propia identidad hasta hoy. Pero, también, he conocido a fondo y he tomado conciencia de la prolongada y fuerte discriminación política, social, cultural y religiosa que vivió el Pueblo Evangélico durante casi dos siglos de vida republicana en Chile. A lo largo de muchos años, en la escuela, en el Liceo Público y en la calle escuchaba a niños y algunos adultos que me gritaban “canuta”, esta expresión usada despectivamente la escuchaban sufrían muchos niños y jóvenes evangélicos. Viví la descalificación por no asistir a las clases de religión, que entonces sólo era Católica: se me dejaba sola, fuera de la sala, aun cuando tiritara de frío; lloré muchas veces la burla de mis compañeras por mi cabello largo, mi rostro sin maquillaje y mis faldas bajo la rodilla, fui excluida de las fiestas adolecentes por no beber alcohol, no bailar y no fumar, según los preceptos de mi iglesia en aquellos tiempos. En la Universidad preferí callar sobre mi condición de evangélica y, por primera vez, corté mi cabello, y muy corto, rebelándome así a una norma religiosa que me parecía sin sentido. Lamentablemente todas las familias protestantes han visto cómo sus niños(as) crecieron con palabras de burla y actos de exclusión por parte de sus compañeros(as) de la escuela.

Más allá de la experiencia cotidiana de discriminación que viví, creo importante recordar que las familias e iglesias protestantes por casi un siglo no pudieron enterrar a sus muertos en los cementerios; sólo el año 1884 pudieron contar con una Ley Civil de Matrimonio y no estar obligados por el rito católico para celebrar y consagrar legalmente sus matrimonios; sólo a partir de ese año pudieron inscribir a sus hijos(as) en un Registro Civil del Estado y dejar de inscribirlos en las parroquias católicas; sólo a fines del siglo XX lograron que sus hijos(as) puedan optar por clases de religión evangélica. Sólo el año 1925 se establece constitucionalmente la separación del Estado chileno de la Iglesia Católica, hasta entonces, éramos unos parias del Estado. Sólo en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz –Tagle se logra un reconocimiento jurídico igualitario para todos los credos e iglesias.

Pero, igualmente, es una comunidad silenciada en la Memoria Oficial de Chile. Los libros de historia, los museos públicos, las bibliotecas patrimoniales, no hablan de la presencia y aporte del mundo protestante al desarrollo del país, no se mencionan grandes figuras de la historia protestante y evangélica en nuestro país, nada se dice del aporte de las iglesias protestantes a la defensa de la vida e integridad en los tiempos de la dictadura, nada se dice sobre el aporte de instituciones protestantes al funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad y a otras relevantes instituciones de defensa de los derechos humanos como FASIC. Es una comunidad con una memoria intencionalmente silenciada porque ha sido una comunidad discriminada por sus creencias y su manifestación de la fe.

Entonces, me resulta muy difícil comprender que una comunidad que por tantas décadas fue discriminada, que una Iglesia perseguida y castigada en sus orígenes con Lutero, Calvino y otros fundadores, pueda estar en contra de un aspecto relevante de una Ley que prohíbe la discriminación arbitraria de las personas por parte del Estado y del sector privado, en razón de su orientación sexual. Una Ley que sólo viene a hacer carne Convenciones Internacionales que nuestro país ha suscrito. Una Ley que sanciona la discriminación arbitraria en razón de las orientaciones sexuales, al igual como sanciona la discriminación arbitraria en razón de la etnia, de la edad, del género, de las ideas políticas, y por cierto de la religión que se profese o creencias que tenga la persona.

Me resulta incomprensible que, justamente representantes de un credo que reconoce y valora la dignidad y derechos de todas las personas y trabaja a favor de la igualdad, equidad, fraternidad y paz social, pueda estar en contra de establecer por Ley la imposibilidad de discriminar arbitrariamente por su orientación sexual a un conjunto de seres humanos, que son tan hijos(as) de Dios y tienen la misma dignidad y capacidad de amar, trabajar y construir país que el resto de nuestra población. Estar en contra de este aspecto sustantivo de esta Ley sería repetir dolorosos errores y pecados del pasado, que duraron siglos, en que los gobiernos e iglesias consideraron inferiores a las personas de raza negra y a los habitantes originarios de los territorios colonizados, a los cuales llegaron a considerar que no tenían alma y por ende no eran hijos de Dios, incluso justificando la esclavitud o la obligatoriedad de someterse a la religión católica.

Quien ha vivido la discriminación religiosa y sus dramáticos efectos sociales, debiera saber que es injusto un Sistema Jurídico que no consagre de verdad la dignidad y respeto a los derechos de todos(as) sus hijos(as).

Unidad: ¿para qué y con quiénes?

En ceremonia “cargada de emoción para los participantes”, Piñera convocó a la unidad nacional e invitó a un encuentro palaciego a personeros concertacionistas. La Derecha tiene miedo. La Derecha no sabe enfrentar y resolver conflictos sociales en democracia. Para la Derecha la exigencia de participación en los asuntos de interés público, expresada por miles de ciudadanos(as) en distintas zonas y ciudades del país, pone en serio riesgo la unidad y el futuro de Chile. Para la Derecha el actual sistema político de representación de la voluntad popular es perfecto y no logra comprender qué ocurre, por qué la gente protesta, por qué sobre el 77% de la ciudadanía no se siente representada por la Concertación y un 67% no se siente representada por la Alianza de Derecha. La Derecha no entiende por qué los estudiantes secundarios hacen huelgas y protestan en las calles si sólo meses atrás acordó con la Concertación y aprobó en el Congreso su Reforma Educacional. La Derecha mira asustada el creciente y masivo apoyo que suscita la “Causa Mapuche” entre los jóvenes.

Peor aún, la Concertación tampoco logra comprender por qué tantos(as) le rechazan cuando muchos años atrás le respaldaron. Los connotados políticos concertacionistas que escucharon y acogieron el llamado a la Unidad de Piñera, saben que les sería peligroso participar en una marcha convocada por la ciudadanía; intuyen que no saben lo que quiere de verdad “la gente”; intentan descubrir quiénes y “qué intenciones “ están en la base de “estos movimientos ciudadanos “ de los últimos meses. Sólo saben que nada calza, que ya no tienen el control, que pareciera que ya no representan a quienes prometieron representar décadas pasadas.

Un fuerte viento recorre Chile. Es la ira de cientos de miles que son extranjeros, extraños y excluidos en sus ciudades y territorios de la infancia, de la escuela y el sueño de la universidad, de la economía y el trabajo exitoso de algunos o, a lo menos, de un trabajo decente. Es la ira de cientos de miles que asisten al espectáculo de destrucción de bosques, ríos y mares por la ambición desmedida de los empresarios con el aval del Estado, y se preguntan si tendrán planeta y país para su futuro, el de sus hijos y nietos.

Un fantasma recorre Chile; un fantasma que causa pavor a las alianzas políticas instaladas. Los partidos y grupos de izquierda intentan comprenderlo y orientarlo, pero se les escapa de “su conducción”. Un fantasma de rebelión ciudadana que desea reformular la democracia protegida de la dictadura y de la transición pactada. Un fantasma que puede ser una gigantesca tormenta , que destruya hogares políticos hasta hoy seguros, que arrase con sistemas restringidos y “protegidos” de democracia, que obligue a transformaciones económicas y sociales demandas por largos años por muchos(as) y resistidas por unos pocos.

Piñera llama a la unidad para detener la tormenta. Para negociar con la Concertación y defender juntos “lo que tenemos”. Esa Unidad fortalecerá más la tormenta.

Un fantasma recorre Chile. Un fantasma que, por caminos, plazas, calles, campos, radios, facebook, twitter, youtube, rayados y panfletos, susurra y a ratos grita “nosotros también existimos, nosotros tenemos derechos, nosotros queremos y tenemos derecho al futuro, nosotros construiremos un nuevo Chile”. Y yo observo con respeto, quiero comprender profundamente lo que está ocurriendo, y sé que debo contribuir con humildad a este anhelo de una democracia de verdad y de un país donde ninguno(a) de sus habitantes sea un(a) extraño(a), un(a) excluido(a).