Somos
millones de chilenos(as) los(as) que creemos que es indispensable desplegar
esfuerzos serios para que, con el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos,
pensemos, conversemos y definamos democráticamente una nueva carta
constitucional. Una Constitución generada y aprobada por una asamblea constituyente,
con integrantes elegidos democráticamente, que efectivamente sea expresión y
viabilice el urgente y éticamente impostergable proyecto histórico de democratización y de construcción de bases
institucionales, económicas, sociales, educativas y culturales para lograr un
desarrollo integral de nuestro país, en
armonía y respeto con la naturaleza, y teniendo como finalidad el respeto a la
dignidad y derechos humanos, los derechos
civiles, sociales y políticos de cada uno y de todos los habitantes, de
nuestras comunidades y pueblos de este territorio al sur del mundo
Una
nueva constitución política que de verdad fundamente, posibilite y promueva políticas
culturales que sean expresión de una comprensión amplia, compleja y de a de veras
de la cultura.
Una constitución
que entienda a la cultura como la forma
de vivir, ser y estar de los seres humanos y las comunidades – en un tiempo histórico- en un territorio geográfico y simbólico; que
es testimonio material e inmaterial de su capacidad creadora y transformadora
y, al mismo tiempo, de una forma de construir y hacer humanidad en relación con
la naturaleza; que es heredera de las
huellas y memoria luminosa y dolorosa de otras personas y comunidades que le
han antecedido, que refleja y fundamenta
la visión de mundo, la conciencia de sí y del universo, sus creencias, sus valores
y la capacidad de producción simbólica.
Una constitución,
por ende, que reconozca y releve el
derecho a la cultura de las personas y las comunidades, como asimismo su
calidad de sujetos culturales, creadoras
de saberes, conocimientos, de bienes, obras y contenidos de representación
simbólica, generadoras de prácticas culturales, de valores y formas de ser,
estar y vivir en un territorio físico y simbólico; que reconozca y proteja la libertad de
creación y expresión de cada uno(a), a desarrollar
su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades
culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas,
literarias o artísticas de su autoría; que reconozca y valore el
derecho y deber de memoria colectiva de las personas y comunidades y, por tanto,
garantice instancias y mecanismo para los ejercicios de memoria para reescribir
los relatos y memorias oficiales, para reconstruir identidades, y para identificar,
poner en valor, acrecentar y apropiarse del patrimonio cultural en toda su
diversidad, pluralidad y riqueza. Una carta fundamental que declare la
naturaleza multicultural y multiétnica de Chile, y como una de sus
consecuencias respete el derecho a la propia lengua y declare que son lenguas
oficiales el castellano, el mapudungun, aymara, rapa nui y dé el tratamiento de
lenguas reconocidas por el Estado para la relación intercultural a otras
lenguas vivas de nuestros pueblos originarios, junto con proteger y promover el
conocimiento y valoración de sus culturas. Una constitución que valore las
manifestaciones populares de las culturas y promueva diálogos interculturales
respetuosos. Una carta fundamental que
reconozca y asuma las dimensiones culturales de las políticas educacionales, comunicacionales,
habitacionales, urbanísticas, productivas, de salud, medioambientales,
migratorias, etc. Y en virtud de todo lo anterior, establezca las responsabilidades, el rol y deberes del Estado y detalle las
bases para un una institucionalidad pública cultural comprensiva de esta visión
y definición de lo cultural; y que ubique
a la cultura como fundamento general y
esencial de toda la institucionalidad chilena, estableciendo mecanismos
efectivos para acceder y participar del espacio público como
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la
igualdad en la diversidad.
En
la Constitución Política del Dictador, aún vigente después de 23 años de
recuperada la democracia, se dedica una
oración de tres líneas a cultura, en el numeral 25 del artículo 19°, y limitado
al derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, esto es, la
propiedad intelectual; y más adelante, cuando menciona la palabra cultura para
incluirla como ámbito de preocupación de Gobiernos Regionales y
Municipalidades, no les obliga a asumir responsabilidades en el desarrollo
cultural y mucho menos les obliga a destinar algo de sus recursos a ello.
Nada dice sobre cultura el dictador constituyente
cuando garantiza el derecho a la educación; por una parte, como sabemos no
garantiza este derecho sino más bien el derecho a elegir el sistema
educacional y por la otra, no reconoce
la profunda vinculación entre cultura y educación.
Es una constitución que niega nuestra diversidad y
pluralidad cultural, y por el contrario afirma y sanciona el discurso
excluyente de la Derecha, cual es la supuesta homogeneidad étnica, cultural,
religiosa y territorial de Chile. La Constitución del Dictador fundamenta y
pretende consolidar el discurso de una identidad chilena única, creada y
constituida de una vez y para siempre; un discurso que nace desde la
identificación del ser chileno con lo agrario de la zona central – definido
desde un falso mundo rural pues es la invención que hace el dueño de fundo de
lo campesino- , de una identificación del ser chileno con la historia glorioso
de lo militar y por tanto la asimilación de lo chileno a sus fuerzas armadas,
una identificación del ser chileno con el catolicismo tradicional del siglo XIX
y principios del siglo XX.
Simultáneamente, es una constitución que deja
entregado al mercado el destino de creadores y cultores, de las obras y la producción
artística, de su difusión y circulación, y por cierto deja también entregado al
mercado el acceso de las personas y comunidades a ello. Es una carta
fundamental que nunca habla del derecho cultural de los habitantes, jamás usa
el vocablo “comunidad”, nunca usa la palabra “memoria” y por cierto no dice una
palabra sobre el derecho y deber de memoria de las personas y comunidades; y
esto es obviamente porque su definición esencia es de MEMORIA OFICIAL
CONSTRUIDA, como recién lo reitera el Proyecto de Ley anunciado por el Gobierno
y que crea el Ministerio de Cultura. Es una constitución que se funda en un
concepto de patrimonio cultural restrictivo, elitista, ilustrado, militar y
católico; es una noción que se funda en la valoración del pasado “vivido” por
una pequeña parte del país, que silencia la historia y vida del pueblo, y que omite y “ningunea” las manifestaciones
populares de nuestra cultura.
Y es
por ello que, - más allá del valioso aporte de cientos de profesionales y
trabajadores de la cultura en todas las regiones, y de la honestidad y
compromiso de creadores e intelectuales que han cumplido en años pasados cargos
gubernamentales-, finalmente las políticas públicas culturales han sido y son
coherentes, o están restringidas, por la Constitución de la Dictadura, aquella
que consagra y da viabilidad histórica al modelo neoliberal de Pinochet y la
Derecha. Son políticas subsidiarias y que, en definitiva, instan la inserción
de los creadores y cultores en el “mercado” y la validación de las obras,
saberes y producciones culturales en ese mercado, con sus códigos. Son
políticas que, inevitablemente, hablan y se ocupan de la “gestión eficiente” de
ciertos espacios y de la “circulación” de ciertos bienes culturales. Son políticas
que miran a las personas y a la sociedad – no habla mucho de comunidades- como
sujetos de derecho de “acceso al consumo” de bienes culturales, y definen que la creación de los contenidos
culturales es una función exclusiva y excluyente de los artistas. Y lo hace con
gran ingenuidad. Ya quisieran los creadores tener las posibilidades reales de
generar los contenidos simbólicos que impactan y van conformando el imaginario
de la sociedad chilena. Eso en Chile lo hace la televisión.
Por
el contrario, abordar los grandes y complejos desafíos del Chile de hoy, con
voluntad de ser una sociedad verdaderamente democrática, multicultural y
multiétnica, implica pensar una política cultural que se define desde una
comprensión antropológica de la cultura, del cómo una comunidad habita un
territorio geográfico y simbólico en un tiempo determinado, de una cultura que
habla de una cosmovisión, de una cultura que tiene un pasado que no ha pasado
como decía Octavio Paz. Una política que reconoce que cada persona y cada comunidad
son sujetos culturales y por ende tiene derechos culturales. Una política que
define como esencial la naturaleza y la relación humana con ella, una relación
de respeto, uso y no abuso de aquella. Una política cultural que reconoce y,
por fin asume – lo que aún no ha hecho Chile-, que su historia de los siglos
XIX y XX es de negación de sus orígenes étnicos, de negación de su larga
historia- historia que se no inicia con la llegada del conquistador español -, de
silenciamiento de las culturas populares, y de instalación absoluta de la
comprensión de lo cultural desde las lógicas de la Ilustración y de concepciones colonialistas, ajenas, europeizantes, del conocimiento y la cultura
en general.
Necesitamos
pensar políticas públicas que contribuyan en el esfuerzo país de remirarse,
construir y reconstruir su relato histórico, de reconocerse y valorarse en todas
sus culturas, pueblos, etnias y comunidades. Esto implica darle valor a
contenidos y formas ancestrales de conocimiento, implica poner en tensión
crítica los conocimientos, prácticas y lenguajes legados por la Colonia y los
imperialismos del siglo XX y del neoliberalismo. Y por cierto implica,
insoslayablemente, pensar y crear un nuevo ordenamiento para los medios de
comunicación masivos, sobre todo de la televisión chilena y de los medios
radiales.
Si. Para nuevas políticas culturales,
también es fundamental superar la constitución del Dictador, y generar
democráticamente una nueva Carta Fundamental para Chile.
