Al hablar de Institucionalidad se hace referencia al conjunto de organismos públicos y privados, instrumentos legales y financieros, de infraestructura y de articulación interna y externa, que se da la sociedad civil y el Estado para actuar en un determinado ámbito; y cuando se habla de institucionalidad pública se hace referencia a los organismos del Estado con competencias, recursos y responsabilidades, políticas públicas e instrumentos legales y reglamentarios para un ámbito determinado. Entonces, Institucionalidad Pública Cultural es el conjunto de organismos del Estado, centralizados y descentralizados, que de conformidad a la Constitución Política y las Leyes, tienen la responsabilidad de diseñar y desarrollar políticas públicas en el campo cultural, como, también, el conjunto de instrumentos legales y financieros referidos y para el sector.
Y ¿qué ha ocurrido y ocurre en nuestro país en el campo del Patrimonio Cultural?. ¿Qué institucionalidad se ha dado la sociedad chilena para asumir esta dimensión de la cultura?. Creo que para abordar esta cuestión, es imposible soslayar el contexto de creación de la República, con la influencia cultural de la España Colonial junto al contacto cultural de la elite criolla con las culturas francesas e inglesas. Una elite criolla que niega el mestizaje y la presencia del habitante original de estos territorios, y entonces, no reconoce en la cultura de esos pueblos originarios alguna fuente de conocimiento ni encuentra allí, una parte de su propia memoria.
En nuestro origen republicano, entonces, se da un gran valor a la Ilustración, a la educación de las nuevas generaciones, adquiriendo el libro un rol relevante como instrumento de transmisión y creación de cultura, y de Memoria; igual fenómeno ocurre con los documentos como prueba de los actos administrativos del Estado naciente y los contratos entre los ciudadanos. Y para construir el territorio en que se asiente la Patria, se le debe conocer, se le debe estudiar; y entonces, se invita, se acoge y se aprecia el trabajo de naturalistas como Claudio Gay. Es un contexto de “construcción del Estado, de la Nación, de la Patria”. Es un contexto de negación de la diversidad étnica. Es un contexto de construcción de un “nosotros”. En ese contexto, se producen actos fundantes del rol del Estado en la conservación de lo definido “como digno de permanecer como Memoria Oficial”. En efecto, mientras aún “la sangre corría por las calles”, el 19 de Agosto del año 1813 se dicta el Decreto que crea la Biblioteca Nacional, la primera institución cultural pública de la República de Chile. Un poco más adelante, y como parte de la tarea de Estudio de la naturaleza del hasta entonces territorio nacional, se funda el Museo Nacional de Historia Natural, como entidad investigadora y de desarrollo de la ciencias en Chile; junto a ello, se dan los pasos para ir creando las bases del Archivo Nacional que adquirirá vida propia en los inicios del Siglo XX y se crea el Museo de Bellas Artes. Con estos cuatro actos fundacionales, la elite criolla, impregnada por su pasado colonial y la sofisticación de la Ilustración, sienta las Bases de la Institucionalidad Patrimonial de Chile.
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, es tributaria de esta importante pero acotada tarea patrimonial del Estado del Siglo XIX. Creada el año 1929 e integrada por las más antiguas instituciones de la República como la Biblioteca Nacional(1813), el Museo Nacional de Historia Natural(1830), el Museo de Bellas Artes(1880), el Museo Histórico Nacional(1911), Archivo Nacional(1925) y un conjunto relevantes de entidades como el Centro Nacional de Conservación y Restauración, 23 Museos Regionales y especializados, Bibliotecas Regionales y una Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la DIBAM históricamente fue ampliando el campo de acción del Estado en el campo patrimonial pero, también, fue poniendo en crisis la visión elitista y homogénea del concepto de patrimonio.
Con 82 años, la DIBAM ha cumplido una labor relevante para nuestro país resguardando, recopilando, poniendo en valor, conservando y difundiendo una parte muy significativa de nuestro Patrimonio Cultural.
Con una Biblioteca Nacional de gran prestigio nacional e internacional y un patrimonio bibliográfico de cerca de 2 millones de libros, más de 93 millones de documentos históricos en el Archivo Nacional, colecciones museográficas que superan los 3 millones de piezas de gran valor arqueológico, antropológico, natural, histórico y artístico, y el mayor Archivo Fotográfico de Chile con más de cien mil imágenes; resulta indiscutible que en Chile ha existido una conciencia, aun cuando limitada e insuficiente, de valoración y protección de su patrimonio y que la DIBAM ha sido motor de ese proceso. Al mismo tiempo, la DIBAM ha combinado su rica historia con las nuevas tecnologías y desafíos de democratizar el acceso a los bienes patrimoniales, siendo pionera en América Latina al crear el Primer Archivo Nacional Digital con más de 2 millones de documentos digitalizados, igual rol ha cumplido al crear Memoria Chilena, el sitio virtual más relevante de Chile en el ámbito cultural, además de otras iniciativas del portal como Chile para Niños, Memoria Chilena para Ciegos, Familias Chilenas y Memoria Educa, los cuales han cumplido similar tarea para acercar a diferentes sectores de la comunidad a nuestro patrimonio.
La modernización de los museos no ha estado ajena a las preocupaciones de la DIBAM pues, aunque tardíamente a mi juicio, se asumió que los museos habían respondido a una política homogeneizante del Estado Chileno, y habían centrado su mirada y quehacer en el siempre precario resguardo de las colecciones; estableciendo una distancia muy grande con una sociedad chilena que aspira a ser más democrática, y que se le reconozca en su diversidad y pluralidad territorial, étnica, cultural, social, etc. El Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos, impulsado desde los años 2002 en adelante, sin duda, responde a esta indispensable renovación del museo como espacio plural de memoria y patrimonio.
En materia de Archivos, en estos últimos años no sólo se ha creado el Archivo Nacional Digital, también se ha destinado recursos a la construcción de Bóvedas para el Archivo Histórico y para el Archivo de la Administración, con los más modernos y eficientes Sistemas de Conservación y Seguridad; se ha mejorado los accesos y espacios de atención al público y ampliado la capacidad de almacenamiento de documentos, con nuevos depósitos, teniendo con ello un crecimiento de usuarios presenciales de casi un 400% el año 2009.
En este amplio trabajo, se puede identificar una tarea central del Estado en el resguardo, conservación y divulgaciones de bienes patrimoniales muebles.
En el Siglo XX surge, asimismo, en el contexto de una preocupación internacional por “lo patrimonial” asociado a bienes inmuebles, la Ley de Monumentos Nacionales. Esta ley 17.288 , dictada el año 1925, y modificada el año 1970, significó un gran avance en la comprensión de la responsabilidad del Estado en la protección del patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico. Y en su articulado estableció la facultad del Estado de Declarar Monumentos Nacionales para su valoración, puesta en valor, conservación y conocimiento de la ciudadanía, señalando que podría ser Monumentos Nacionales” lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales…”, ”… los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo”.
Con esta Ley 17.288 formalmente se dio un gran paso para incorporar, no sólo a nivel normativo, sino social y cultural, un conjunto muy amplio de acervos culturales, incluidos los testimonios de nuestros pueblos originarios, y asimismo, incorporando el patrimonio natural a la protección y valoración social. Sin embargo, no es un dato menor el que durante los primeros 25 años de vigencia de esta Ley sólo se procede a realizar 33 Declaratorias de Monumentos Nacionales; en la década del 60, se declaran otras 20. Mientras tanto, el Consejo de Monumentos Nacionales, creado por la Ley como Comité Técnico para acordar las declaratorias, entre otras facultades, no contaba con recursos humanos y financieros para realizar sus tareas. Es en los años 1996 y siguientes que el Estado empieza a dar mayor relevancia a este Consejo, a través de la acción de la DIBAM en su conducción.
Entre los años 2006 al 2009 se declaran 244 Monumentos Nacionales, en sus diversas categorías, constituyendo este período la etapa más fructífera de la historia del Consejo de Monumentos Nacionales, con un 21% del total de las declaratorias desde el origen de esta Ley el año 1925. En este período de 4 años, asimismo, se triplica el Presupuesto Público del Consejo de Monumentos Nacionales, con una Secretaría Ejecutiva de alrededor de 60 profesionales expertos.
Es en esta etapa que surge una gran demanda ciudadana por solicitar el reconocimiento del Estado de los bienes, lugares, territorios, que estiman patrimoniales. Con más de cinco mil firmas vecinos y autoridades de Constitución, Talca y una diversidad de localidades de la Región del Maule solicitaron la Declaratoria de Monumento Histórico Nacional del Ramal Ferroviario Talca- Constitución, y lo lograron; igual proceso ocurrió en el Barrio Brasil-Yungay, y en cientos de lugares de Chile. También, pueblos originarios hacen el requerimiento de la Declaratoria de Monumento Nacional Histórico para sus cementerios como, también, para lugares sagrados. Y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitan del Consejo el reconocimiento patrimonial a sitios de Memoria dolorosa de la historia de nuestro país, y entonces se declaran Monumentos Nacionales el Patio 29 del Cementerio General, Isla Dawson, el Estadio Víctor Jara, entre tantos de gran valor histórico.
En este proceso va surgiendo con fuerza la convicción de lo limitados de los instrumentos legales para dar cuenta de la amplitud y complejidad de lo patrimonial. Constatar que hay tantos acervos culturales inmateriales que debieran tener una protección similar. Pero, también, asumir que la deuda histórica de silenciamiento o exclusión patrimonial es tan grande que tomará un buen tiempo pagarla. Es cierto, muchos palacios y edificios de Gobierno están declarados Monumentos Nacionales, pero ¿cuántas poblaciones históricas para Santiago y para Chile nunca estuvieron en la posibilidad de ser declarados? . Y esto no es casual. Esto tiene que ver con qué es aquello que la sociedad ha entendido es “digno de recordar, digno de permanecer, digno de proteger para futuras generaciones”. Esto tiene que ver con qué o quienes han definido que es valioso declarar Monumento Nacional el Palacio Vergara y que no debe ser declarada la Población Yarur. Aquí es evidente que tenemos que reconocer que históricamente, más allá de lo previsto en la Ley, primó un criterio elitista y excluyente de lo definido por “patrimonial”.
Y otro tema no menor es para qué se declara. Para proteger. Para disfrutarlo. Para traspasarlo a las nuevas generaciones como testimonios de nuestras “huellas”, de “nuestras pisadas” o de las “huellas” o “pisadas” de nuestros antepasados. Y para ello se requiere recursos económicos. Y NO EXISTEN o son muy pocos aún.
Como expresión de la comprensión del Estado de la amplitud de lo patrimonial, luego de largos años de tramitación, nuestro país ratifica el 2008 la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. Antes, en un activo proceso iniciado a mediados de la década del ‘90, Chile logra el reconocimiento mundial para expresiones de nuestro patrimonio con la Declaración correspondiente de la UNESCO para Isla de Pascua y luego para Las Iglesias de Chiloé, Las Salitreras Humberstone y Santa Laura, el Casco Histórico de Valparaíso y Sewell. Llevar adelante Planes de Manejo y Conservación de estos sitios y bienes patrimoniales no ha sido tarea fácil; y no lo ha sido por diversas razones: insuficiente conocimiento previo de las características y requerimientos del patrimonio protegido, dificultad para articular vida ciudadana y espacios patrimoniales, escasos recursos económicos para restauración y conservación, diversidad y competencias de autoridades y organismos que interactúan. Sin embargo, todas estas declaratorias han sido importantes para nuestra propia percepción del valor de nuestros acervos culturales y naturales, y han contribuido a una mayor conciencia del conjunto de la sociedad sobre la importancia del patrimonio de un pueblo. También, por cierto, ha motivado a muchos profesionales de la arquitectura, la antropología, la arqueología, de la historia, a abocarse plenamente a estos temas patrimoniales.
Pero, persiste la pregunta : ¿la institucionalidad chilena actual para contribuir con la sociedad a hacerse cargo de sus acervos culturales y su patrimonio natural, es la requerida para los desafíos, requerimientos y complejidades de este tiempo?
Pienso que no. Y creo que la respuesta va unida a la profunda reflexión sobre la institucionalidad pública cultural en general. No se trata simplemente de eliminar a la DIBAM y al Consejo de Monumentos Nacionales para integrar sus funciones, edificios y recursos al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se trata, creo, de repensar críticamente lo que tenemos, sabiendo que con errores y ausencias, el Estado y la sociedad chilena hicieron una valiosa labor patrimonial a través de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos – DIBAM-, y del Consejo de Monumentos; ambas entidades públicas con una gestión pública de gran calidad reconocida en Chile y el extranjero. Se trata, creo, de asumir que debemos modernizar toda nuestra legislación patrimonial, para acoger los nuevos desafíos éticos, sociales y culturales de nuestra rica y plural Memoria y patrimonios. Desde ya, modificar la Ley 17.288 para ampliar sus ámbitos de acción y darle mayores instrumentos para colaborar en la preservación del patrimonio material e inmaterial; pero , también, para de una vez por todas otorgarle al ciudadano propietario de un bien declarado Monumento Nacional Histórico o en su carácter de integrante de una Zona Típica , derechos de eximirse de impuestos territoriales y, adicionalmente, tener derecho a optar a recursos para la conservación del bien o la zona patrimonial.
Se trata, también, de mirar la utilidad de tener una Institucionalidad Pública Cultural fragmentada, y sin suficiente poder y autonomía, a pesar de la creencia popular de que tenemos un Ministerio de Cultura, el cual tiene y puede dirigir la institucionalidad cultural nacional. No tenemos un Ministerio de Cultura. Tenemos dos servicios públicos nacionales con funciones culturales, y un Comité Técnico patrimonial denominado Consejo de Monumentos Nacionales, integrado por 20 miembros, entre ellos representantes del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad de Arqueología, de la Universidad de Chile, de la Sociedad de Escritores, del Instituto de Conmemoración Histórica, de la Sociedad de Historia y Geografía, del Consejo de Defensa del Estado, de los directores de los Museos de Bellas Artes, Histórico Nacional, Museo Nacional de Historia Natural, entre muchos otros.
La pregunta es, también, si será posible construir una institucionalidad pública patrimonial pasando a llevar o negando la historia, experticia e importancia real de la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales. Y mi respuesta es que ESO NO ES POSIBLE. Y si es posible será pagando altos costos políticos y, sobre todo, perdiendo como país la mayor capacidad profesional acumulada que tiene el Estado de Chile en el campo patrimonial.
Y la pregunta es ¿por qué no algo que reúna el quehacer del Estado en el campo de la creación y producción artística, desarrollo de industrias culturales y acceso equitativo a los bienes culturales, con aquel referido a la identificación, puesta en valor, conservación y divulgación de los diversos acervos culturales, con y para la ciudadanía y sus comunidades? Por qué no?. Fue valioso avanzar el año 2003 desde la División de Cultura del Ministerio de Educación a un Consejo Nacional de la Cultura, con ampliación de la Planta y Contrata de su personal, con incremento de fondos concursables y la creación de Programas de gran impacto social como Chile quiere + Cultura. Pero es una institución, sin desearlo, parcial. No puede dar cuenta de la amplitud de las políticas culturales, que siempre rozan lo patrimonial o derechamente se refieren a este. Es un Consejo que enfrenta la dificultad administrativa de no ser ministerio cuando todo Chile, incluidas las autoridades, piensan que es Ministerio y le exigen como a tal. Es un Consejo que debe enfrentar la paradoja de querer ser órgano colegiado y jurídicamente no poder serlo, como lo ha reiterado claramente la Contraloría General de la República. Entonces, se tiene un Directorio integrado por personas de gran prestigio, representantes en muchos casos de instituciones relevantes, pero no pueden dirigir o mandar, sólo elegir los Jurados del FONDART, nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo Nacional y definir los montos de cada línea concursable del Fondo Nacional. Y el Jefe de Servicio y autoridad máxima es el Presidente del Consejo, que no es ministro, TIENE RANGO DE MINISTRO. Recibe los honores de Ministro, pero no puede realizar los actos administrativos de un Ministro y, desde esa perspectiva, su tarea como autoridad se ve limitada seriamente. Adicionalmente, este Consejo ha debido enfrentar la compleja relación de competencia en las funciones patrimoniales con la DIBAM y el Consejo de Monumentos, no estando éstas disponibles para cederle el protagonismo al Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.
Finalmente, pienso que los miedos que algunos tuvieron por el posible carácter dirigista de un Ministerio de Cultura, se han esfumado precisamente por la experiencia respetuosa de la diversidad cultural de nuestro país, experiencia no sólo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, también, de la DIBAM y del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero, igualmente, por el rol de fiscalización permanente del Parlamento, de los medios de comunicación, de los creadores y la propia comunidad cultural.
Entonces, creo que debemos crear un Ministerio de Cultura en nuestro país, tal como existen en Colombia, España, Francia, Brasil, Italia entre otros tantos países. Y debemos hacerlo, en primer lugar, para asumir de una manera MAS EFICAZ Y EFICIENTE el aporte del Estado al desarrollo cultural de nuestro, incluido el ejercicio del derecho de cada persona al conocimiento, disfrute y apropiación de los bienes culturales. Y si unimos los profesionales y personal del Consejo de la Cultura, la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales, no sólo llegaremos a más de dos mil personas trabajando unidas en todo el país, sino potenciaremos los diálogos interdisciplinarios y la colaboración interna, hoy casi inexistente. Además, se optimizará el uso de edificios patrimoniales pues más 280 mil metros cuadrados tiene la DIBAM destinados a cultura, con 22 Edificios declarados monumentos nacionales. Se reunirán bienes muebles e inmuebles en cada región, potenciando el quehacer del Estado en cultura. Se disminuirán drásticamente las acciones y los recursos asociados en áreas que hoy se duplican, como por ejemplo, fomento lector. Además, se fortalecerán capacidades de gestión por la unión de equipos profesionales y administrativos, aportando la DIBAM su gran experiencia en este ámbito.
Pero, qué pasa con los creadores y la comunidad cultural, incluidas las organizaciones patrimoniales? Un Ministerio de Cultura puede y debe contemplar espacios e instancias de participación y decisivos aportes de creadores y cultores como, también, de las organizaciones culturales. En los Consejos Sectoriales del Libro, del Audiovisual, de la Música y otros que puedan crearse. En el Consejo de Monumentos, en su dimensión de órgano colegiado, y que será parte integrante del Ministerio. Pero, también, a través del Consejo Consultivo Nacional y otras formas que se definan en un diálogo abierto .
En el contexto de esta propuesta de creación de un Ministerio de Cultura, como un nuevo y más definitivo paso de nuestra Institucionalidad Pública Cultural, reitero la necesidad de modificar y ampliar la Ley de Monumentos Nacionales, dando espacio a los nuevos temas que nos exige la comprensión de lo patrimonial hoy, y considerando a las comunidades y pueblos como actores relevantes en la definición de lo patrimonial.
